Carmen Amez (C) informa sobre la reforma laboral en los entes municipales. / Ical.

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP) advirtió ayer de la presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE) «en cascada» en las administraciones locales de Castilla y León y España que se podrían suceder una vez que la reforma laboral aprobada por el Gobierno central lo permite, algo que no podía ocurrir hasta ahora, que se planteaban únicamente en el ámbito privada.
Así lo aseguró el secretario de Acción Sindical de la FSP-UGT, Tomás Pérez, quien recordó que ya la Diputación de Valladolid propuso un expediente de regulación de empleo que no pudo sacar adelante, «por lo que llegó a un acuerdo con sindicatos a la espera de esta reforma». «El Gobierno del PP ha abierto la puerta y ahora ya pueden hacer un ERE», criticó. Todo ello conllevará «recortes de los derechos, ampliación de jornada, bajada de retribuciones y también otros aspectos importantes» que no se conocerán antes de las elecciones asturianas y andaluzas, según Pérez.
Por este motivo, pidió la asistencia de todos los empleados públicos, tanto de las administraciones como de la sanidad, la educación o aquellos que trabajan en la prestación de servicios sociales, a una protesta que se celebrará el 28 de febrero ante las Cortes de Castilla y León, un acto que debe servir para concienciar a la Junta y al Ejecutivo de Mariano Rajoy del «recorte de derechos que llevan a cabo».
Según la secretaria de Administración Local de UGT, Soledad Marcelino, aún no se han registrado EREs, pero sí «decretazos» de algunos consistorios, como el de Valladolid, que ha planteado «recortes de derechos sociales» de los empleados públicos y anular las mejoras pactadas, cuando en el Ayuntamiento vallisoletano «esto es masa laboral». Además, critica que no tiene sentido suprimir empleos públicos cuando el regidor, Javier León, «pretende externalizar» algunos servicios, como la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana.